A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, se decretará judicialmente la separación o el divorcio, previa demanda judicial que deberá acompañarse de una propuesta de convenio regulador que deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

• El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos.
  
  
• Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de los menores.
  
  
•  La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.

• La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso.
  
  
•  La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.

• La pensión que conforme a la ley correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges.

Estos acuerdos de los cónyuges, adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio serán aprobados por el juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges.

En el caso que se proponga un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el juez, antes de su aprobación, deberá oír en audiencia a los abuelos a fin que éstos presten su consentimiento.

Cuando el juez deniegue alguno de los acuerdos alcanzados por los cónyuges, deberá  hacerlo mediante resolución motivada. En esta caso, si procede, los cónyuges presentarán nueva propuesta de convenio a la consideración judicial.

Desde el momento que los acuerdos estuvieran judicialmente aprobados pueden ejecutarse por la vía de apremio.

Las medidas aprobadas por el Juez, bien en defecto de acuerdo o aquellas que hayan convenido los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando las circunstancias hayan variado de forma sustancial.