• Modificaciones de la Ley 15/2005 de 18 de julio
• Requisitos para solicitar el divorcio de mutuo acuerdo
• Efectos del divorcio
• Documentación
• Procedimiento de mutuo acuerdo
• Divorcio contencioso
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Principales modificaciones de la entrada en vigor de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio:

1. Desde la entrada en vigor de la citada Ley, puede solicitarse el divorcio de mutuo acuerdo sin necesidad de acudir de forma previa al trámite de la separación.

El legislador estima que el respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizado por la Constitución, justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad de la persona cuando ésta ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Así, el ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de separación.

La normativa pretende evitar la situación existente hasta ese momento, en que habitualmente se producía un doble procedimiento y admite en este momento, la disolución del matrimonio por divorcio sin necesidad de previa separación, ya sea judicial o de hecho. Ello supone un importante ahorro de coste económico a las partes, tanto como personal como de tiempo.

A pesar de ello, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Española, artículo 32, se mantiene como figura autónoma la separación judicial para aquellos casos en que los cónyuges no opten por la disolución de su matrimonio, sea cuales sean las razones que lo motiven.

Así pues, separación y divorcio son dos opciones distintas a las que pueden acudir las partes para solucionar la problemática de su vida en común.  De esta manera se refuerza el principio de libertad de los cónyuges en el matrimonio, ya que la voluntad de ambos decide sobre su convivencia.

El divorcio, antes de la modificación, era concebido como el último recurso al que podían acogerse los cónyuges y sólo cuando resultaba evidente que la reconciliación ya no era posible puesto que estaba establecido un período de separación dilatado. Para poder acceder al divorcio debía demostrarse el cese efectivo de la convivencia conyugal, o de la violación grave o reiterada de los deberes conyugales. El matrimonio no podía disolverse como consecuencia de la libre voluntad de las partes plasmado en un acuerdo de los esposos.

2. No es necesario alegar causa culpable para el divorcio o la separación. 

El modelo legislativo antiguo establecía el criterio de la separación-sanción, es decir, era la culpabilidad de uno de los cónyuges la que justificaba la separación o el divorcio.

El respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizado constitucionalmente, da mayor trascendencia a la voluntad de la persona cuando ésta ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. De esta manera, el ejercicio de su derecho a no continuar casado no se hace depender de que demuestre la concurrencia de causa. La causa determinante es únicamente es su propia voluntad expresada en su solicitud de separación o divorcio, que en este segundo caso no puede hacerse depender de una previa e ineludible situación de separación.

3. Reducción de los plazos

Es suficiente con que uno de los cónyuges no desee la continuación del matrimonio para que demande el divorcio, y ello sin que el demandado pueda oponerse a la petición por cualquier motivo material, y sin que el Juez pueda rechazar tal petición, salvo por motivos personales. Para la interposición de la demanda sólo se requiere 

a/ Que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, excepto en aquellos casos en que se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio, en que no será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda, es decir cuando el interés ya sea de los hijos o del cónyuge demandante justifique la suspensión o disolución de la convivencia con antelación; 

b/ Que en la demanda se realice solicitud y propuesta de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación.

Desde un punto de vista jurídico y procesal, pueden diferenciarse dos modalidades: divorcio contencioso (solicitado unilateralmente por uno de los cónyuges) y divorcio de mutuo acuerdo (solicitado por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro).

1. Que hayan transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio.

2. Que exista un acuerdo entre ambos cónyuges tanto en relación a la voluntad de solicitar el divorcio como a los efectos que se derivan.

3. Presentar un Convenio Regulador junto a la demanda, en que deberán incluirse los pactos a los que han llegado los cónyuges, en cuanto a los siguientes extremos:

• Custodia de los hijos menores: Determinación de la persona a cuyo cuidado quedarán los hijos sujetos a la patria potestad de ambos progenitores.

• Régimen de visitas, comunicaciones y estancia de los hijos con el progenitor no custodio.

• Fijación de las pensiones en favor de los hijos y del otro cónyuge, si corresponde, y quien es el obligado al pago
  

• Disolución del régimen económico matrimonial y, en su caso, liquidación de los bienes comunes.

Finalmente, se presentará judicialmente la demanda de divorcio, con necesaria intervención de Abogado y Procurador (si bien en el supuesto de divorcio de mutuo acuerdo, los profesionales pueden ser los mismos para ambos cónyuges).

1. Disolución del matrimonio, lo que supone la desaparición del vínculo matrimonial de forma irreversible (a diferencia de lo que ocurre con la separación), de manera que los ex-cónyuges pueden volver a contraer  nuevas nupcias.

2. Se modifica el estado civil que pasa a ser de divorciado/a.

3. Con la sentencia de divorcio queda disuelto el régimen económico matrimonial, aun cuando no esté expresamente liquidado.

4. Pérdida de derechos, como el sucesorio entre cónyuges.

Algunos Juzgados exigen la aportación del certificado de empadronamiento o acreditación del domicilio de residencia del matrimonio.

Una vez elaborado el Convenio Regulador deberá ser adjuntado, junto a los restantes documentos, a la demanda judicial, que deberá ser presentada ante el Juzgado de 1ª Instancia competente. Los cónyuges serán citados judicialmente para que, por separado, ratifiquen su decisión ante el Juez y su conformidad con lo reflejado en el Convenio Regulador.

En el caso que alguno de los cónyuges no se ratifican en su deseo de divorciarse, el Juez dispondrá el archivo del expediente, pudiendo los cónyuges presentar demanda para tramitar el divorcio por la vía contenciosa.

Una vez ratificado, el Juez examinará si el convenio regulador no es dañoso para los hijos (con intervención en este caso del Ministerio fiscal de quien recabará informe) o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges. Si estima que concurre alguna causa para no aprobar el convenio, en todo o en parte, el Juez  concederá a los cónyuges un plazo de 10 días para proponer un nuevo convenio, limitado, en su caso, a los puntos que no hayan sido aprobados. 

El Juez oirá a los hijos si tienen suficiente juicio y en todo caso, si son mayores de 12 años, de forma reservada y respetando, en todo caso, el derecho a la intimidad del niño y la confidencialidad.

En el caso del divorcio contencioso el único requisito es el plazo de los tres meses desde la celebración del matrimonio excepto en aquellos casos en que se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio, en que no será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda).

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